Padres y madres de alumnos que concurren a la Primaria 1 y Secundaria 4, marcharon ayer pidiendo “un colegio seguro y mejor educación” para sus hijos. Fue tras conocerse la noticia de un caso abuso de un adolescente hacia un niño, en el baño que ambos Niveles comparten. Directivos y docentes fueron separadas del cargo.

 

 

Gran indignación provocó el caso de un menor abusado en el baño de una escuela de gestión pública de Lincoln; una reconocida Institución de educación primaria, a la cual desde el 2006 se le anexó el secundario.

Lo absurdo de todo esto, es que ambos Niveles educativos comparten el edificio y hasta los baños. Y sin los controles adecuados, pueden ocurrir episodios sombríos como el acaecido en las últimas horas con un pequeño de 8 años.

El hecho se conoció el miércoles, pero fue denunciado el lunes por la mamá del niño. Las redes sociales hicieron el resto. De inmediato la noticia tomó estado público y comenzó a circular la convocatoria a una marcha para pedir por “un colegio seguro y mejor educación”.

La movilización partió a las 13hs del jueves, desde avenida Massey 250, donde funcionan las escuelas Primaria N °1 y Secundaria N°4, para luego concentrarse en la Secretaría de Inspección (sobre avenida 25 de Mayo y Tedín) donde fueron recibidos por autoridades educativas de las distintas áreas comprendidas.

Tal fue la repercusión del caso, que la Inspectora Regional de Secundaria Emilce Marín, viajó desde Junín para brindar explicaciones junto a la Inspectora Jefe Distrital Teresa Rotelli.

Lo cierto es que las explicaciones tienen sabor a poco. En principio, fueron separadas del cargo las directoras de ambos niveles – Andrea Rodríguez y Patricia Negro, respectivamente- como así también la vicedirectora, una docente y una preceptora. Además, se resolvió que el adolescente de 13 años, acusado del abuso, a partir de éste hecho recibirá educación en su domicilio.

Nada se dice en relación al reclamo puntual de los manifestantes: la situación edilicia y la falta de condiciones de seguridad para enviar a sus hijos al establecimiento. “Quisieron tapar todo”, “Los baños de las escuelas son un desastre”, “Nadie controla”, “Nadie nos escucha”, “No hicieron nada con ese chico”, fueron algunas de las acusaciones de los padres, algunos de ellos exaltados y desvirtuando el sentido de la proclama.

Pero lo más llamativo es el silencio de los servicios sociales que debieron abordar la problemática del menor desde distintos frentes. Porque ese adolescente – en riesgo y en el marco de un entorno desfavorable- representa una amenaza para los docentes, sus compañeros y la sociedad.

Otro párrafo merece el accionar de la Justicia. Según las palabras de Rotelli, existen ochenta denuncias que fueron elevadas al Juzgado de Menores de Junín. Pero nunca se tomaron medidas concernientes encausar al menor.

En definitiva, el desencadenante de varias negligencias terminó en un hecho lamentable.